Esta semana llegaba una noticia importante para el mundo de la cultura. Finalmente Fèlix Millet i Tusell, el saqueador confeso del Palau de la Música, ha entrado en prisión. En paralelo una noticia más triste que también afecta al sector cultural ha pasado más desapercibida : desde el Teatre Lliure se organizaba el primer reparto de alimentos para profesionales del mundo del espectáculo afectados por la crisis desatada tras la COVID-19. Unas 30 familias de músicos y músicas, actores y actrices, técnicos y técnicas de las artes y del espectáculo han podido recibir una caja con alimentos recogidos desde una iniciativa, ActúaAyudaAlimenta, nacida para contribuir a mitigar la pobreza del sector. Millet, miembro de una FAMILIA ilustre, logró desviar y beneficiarse de más de 35 millones de euros (de los cuales 3,3 millones de euros eran provenientes de subvenciones y fondos públicos) mientras los trabajadores del sector no llegan a final de mes. Uno no puede dejar de preguntarse si entre estas dos noticias sólo hay correlación temporal o también hay causa.
Millet amigo de otras FAMILIAS ilustres, aprovechó su cargo como presidente del Palau de la Música para lucrarse y beneficiar a los suyos. Se dedicó a trapichear e intercambiar favores con miembros de otras FAMILIAS ilustres que ocuparon y siguen ocupando lugares de poder desde los patronatos y puestos de dirección de instituciones públicas. Millet no tan sólo fué presidente de Fundación Orfeón Catalán – Palacio de la Música Catalana. A su vez ocupó un lugar en el patronato del Institut Catalunya Futur, la rama catalana de la FAES el mismo año que recibió un incremento presupuestario de 3.000.000 de euros del Ministerio de Cultura del gobierno español, en esos momentos presidido por José María Aznar. Millet, igualmente era presidente de BANKPIME banco participado por Agrupació Mútua que también presidía. Fue miembro de la Fundació Pau Casals, del Liceo y vicepresidente tercero de la Fundación Fútbol Club Barcelona. Las FAMILIAS se van encontrando en despachos y en los lugares en los que se toman decisiones importantes.
Los 80 trabajadores de la cultura que se han acogido al programa de distribución de alimentos pertenecen a familias que no se sientan en consejos de dirección ni presiden fundaciones. Nunca tienen acceso a los lugares en los que se toman decisiones presupuestarias. Son trabajadores y trabajadoras que no pueden participar de las decisiones que de forma directa afectarán al bienestar de sus vidas y las de sus familias. No manejan ni distribuyen las cantidades ingentes de dinero que controlan las otras FAMILIAS. No son ni hijos de, amigos de, ni conocen a. No reciben grandes distinciones ni cargos de honor en patronatos de los que se pueden lucrar. Son las familias a los que les han dicho que no son suficiente emprendedoras, que la subvención que pidieron el año pasado y por la que recibieron 1.200 euros está mal justificada. Son las familias de las que se sospecha desde la administración. Se les reprocha no entrar en programas de impulso a las industrias culturales. Industrias que siguen controladas por las otras FAMILIAS que parten, reparten y siempre se quedan la mejor parte.
Y mientras debatimos si es más importante la participación, la sindicación o el acceso a la cultura, los patronatos siguen copados por FAMILIAS, que toman decisiones que afectarán a las otras familias. Porque el problema que tiene la cultura es un problema de clase y de clasismo. De desigualdad de oportunidades y de condiciones. De corrupción y de corruptelas. De distancia física y simbólica entre quienes toman decisiones y de quienes la sufren. De falta de mecanismos de control institucional y opacidad administrativa. Porque mientras los patronatos, los consejos de dirección y las presidencias de las fundaciones sigan estando en manos de las FAMILIAS, el sector cultural estará abocado a la precariedad, a la pobreza y a la injusticia.