Discriminación y cultura: Welcome to the Turnip Field

Es una magnífica noticia que Valentín Roma haya ganado el concurso para dirigir La Virreina, Centre de la Imatge de Barcelona. Roma es un investigador insaciable y un profesional con una carrera dilatada y contrastada con quien he tenido el privilegio de poder colaborar. Aun así, no deja de ser alarmante que la mayoría de los puestos de dirección de las grandes instituciones culturales públicas de la condal estén en manos de hombres. De forma reciente y desde que Barcelona en Comú regenta el ayuntamiento se ha nombrado a Ferran Barenblit como director del MACBA o a Carles Guerra al frente de la Fundació Tapies. Antes Vicenç Villatoro había sido colocado al frente del CCCB, Jaume Reus al frente del Arts Santa Mònica, Pepe Serra al frente del MNAC, Esteve Rimbau al frente de la Filmoteca o a  Bernardo Laniado-Romero al frente del Museo Picasso. Todos estos centros tienen financiación pública. Las únicas instituciones culturales que no dirigen un hombre en estos momentos son la Fundación Joan Miró que dirige Rosa Maria Malet y el Museo del Diseño que dirige Pilar Vélez, ambas nombradas sin concurso público. En algunos casos la discriminación roza lo escandaloso, como es el caso del Teatro del Liceo, con un patronato que incluye a Artur Mas i Gavarró como presidente de honor, Joaquim Molins i Amat presidente del patronato, Ferran Mascarell i Canalda como vicepresidente primero, José María Lasalle Ruiz como vicepresidente segundo, Xavier Trias i Vidal de Llobatera como vicepresidente tercero y Salvador Esteve i Figueras vicepresidente cuarto. Ah, Roger Guasch dirige el centro.
En tuiter podíamos denominar este panorama como un campo de nabos, sería una forma amable de describir lo que claramente es un sistema de discriminación laboral financiado con nuestros impuestos. No pongo en duda la valía de algunos de estos profesionales, pero me parece alarmante que las instituciones que financian estos centros, principalmente la Generalitat de Cataluña, la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de la ciudad, no hayan introducido medidas para impedir que se instaure esta desigualdad de carácter estructural. En otros contextos se han introducido medidas muy efectivas para acabar con la discriminación de género en la contratación laboral, por ejemplo las pruebas ciegas que se introdujeron en las orquestas estadounidenses a finales de la década de los 70 y que debido a su éxito se han ido extendiendo a muchas otras regiones. Posiblemente andemos escasos de mecanismos y elementos técnicos que nos ayuden a solucionar un problema muy abigarrado que afecta a nuestras instituciones.  Los últimos tres nombramientos, Roma, Barenblit y Guerra se han hecho tras un concurso público bajo el mandato de un ayuntamiento que presumiblemente tiene sensibilidad y preocupación por acabar con las formas de discriminación heredadas de gobiernos anteriores.  Lamentablemente parece que aún estamos muy lejos de poder reventar un techo de cristal que no tan sólo se intuye sino que define de forma clara quién puede optar a que su trabajo sea reconocido y quién no.

 

(los datos y cargos están extraídos de las diferentes webs de las instituciones el 09/04/2016, esta información es susceptible de cambiar)

Era una crisis de clase…

Últimamente leo con tristeza cómo se confunde lo común con lo público. Cómo se mezclan las ideas de autogestión, colaboración y la más burda explotación. Cómo de forma intencionada se introducen nociones provenientes de espacios autónomos en los discursos en torno a cómo se deben gestionar la instituciones públicas, pese a que estos ámbitos poco o nada tienen que ver. Hablo de instituciones culturales, puesto que son las que más frecuentemente transito y frecuento, pese a que probablemente esto ocurra en muchas otras esferas y campos de acción.

La crisis y su alargada sombra, la austeridad, ha dejado a muchas de estas instituciones severamente tocadas. Despidos, recortes de sueldos, desaparición de presupuestos y paralización de actividades están a la orden del día. Esta situación está llevando hasta la extenuación a las trabajadoras y trabajadores a quienes les siguen imponiendo objetivos de visibilidad, representación y ejecución de proyectos imposibles de financiar. Alarmantemente en este contexto representantes políticos han empezado a utilizar la retórica del procomún (cómo hemos podido ver en la reciente presentación del PECAM en Madrid por ejemplo), o a hablar de la autogestión como mecanismo para alcanzar la sostenibilidad.

La Tabacalera de Madrid o el campo de la cebada se ponen como ejemplos de proyectos sostenibles e innovadores, como modelos a seguir para instituciones que han de justificar puntualmente sus actividades, presupuestos y objetivos a la misma gente que les insta a autogestionarse. En la prensa aparecen casos de espacios o proyectos independientes que con escasos presupuestos logran tener ciertas cuotas de visibilidad. Esto contribuye a alentar cierta crítica a las instituciones de las que se espera que tomen ejemplo y sigan ofreciendo un repertorio de actividades variado y funcionando con presunta normalidad.

Bajo esta presión las instituciones se hacen temporalmente porosas y acogen dos tipos de actividades muy diferentes pero igualmente cuestionables. Por un lado vemos un crecimiento de eventos y programas financiados por marcas privadas. Elementos encajados cual pegotes en medio de una programación que en muchas ocasiones ni dialoga ni tiene que ver con la propuesta en sí. Por otro lado las instituciones acogen proyectos que no requieren de financiación pública. Estos segundos los más preocupantes facilitan que se dé una nueva realidad: la instauración de un sistema de clases en el seno mismo de las instituciones culturales. Aquellas personas o colectivos que provienen de entornos afluentes o cuentan con recursos propios pueden aprovechar los huecos en la programación para desarrollar sus actividades y elaborar sus proyectos. Personas de clases menos pudientes o afectados por la crisis que no pueden permitirse trabajar gratis se ven privados de representación institucional. Esto ha producido verdaderos esperpentos, la tragedia de lo público no ha hecho más que empezar.

Las instituciones, a diferencia de los centros sociales o espacios autogestionados, no aspiran a cierta horizontalidad o inclusividad en la toma de decisiones. Necesitan llenar una programación y aportar una cuenta de resultados en la que demuestren a la entidad u organismo del que dependen que son “sostenibles” y capaces de seguir funcionando, a pesar de no contar con presupuesto. Esta diferencia imposibilita que hablemos de procomún en este contexto y nos tengamos que plantear que lo que está teniendo lugar es un expolio de lo público. Que instituciones que hemos financiado entre todas a través del dinero de nuestros impuestos están sirviendo para que marcas puedan limpiar su imagen o que ciertos individuos puedan hacerse con el capital simbólico que éstas siguen ostentando. Bajo la guisa de la colaboración se está realizando una selección de quienes se pueden permitir trabajar sin remuneración y quienes muy a su pesar necesitan cobrar por su trabajo. Entre quienes pueden permitirse el lujo de dar su tiempo e ideas de forma gratuita y quienes no les queda más remedio que dedicarse a otra cosa. Entre los que pueden pagar por mantener su marca en activo y los que ya no pueden jugar al juego del capital simbólico y la visibilidad.

Últimamente estoy teniendo la terrible impresión de que  esta crisis está sirviendo para “poner las cosas en su sitio”. Es decir, para devolver las instituciones a quienes en su momento las detentaron. Para expulsar de las universidades a quienes temporalmente pensamos que no nos estaban vetadas. Para recordarnos que nunca tuvimos derecho a poseer una vivienda. Para restituir las jerarquías que invisibilizadas, nunca desaparecieron.  Para recordarnos que lamentablemente al final esta crisis está siendo una criba, una criba de clase.
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