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Últimamente leo con tristeza cómo se confunde lo común con lo público. Cómo se mezclan las ideas de autogestión, colaboración y la más burda explotación. Cómo de forma intencionada se introducen nociones provenientes de espacios autónomos en los discursos en torno a cómo se deben gestionar la instituciones públicas, pese a que estos ámbitos poco o nada tienen que ver. Hablo de instituciones culturales, puesto que son las que más frecuentemente transito y frecuento, pese a que probablemente esto ocurra en muchas otras esferas y campos de acción.

La crisis y su alargada sombra, la austeridad, ha dejado a muchas de estas instituciones severamente tocadas. Despidos, recortes de sueldos, desaparición de presupuestos y paralización de actividades están a la orden del día. Esta situación está llevando hasta la extenuación a las trabajadoras y trabajadores a quienes les siguen imponiendo objetivos de visibilidad, representación y ejecución de proyectos imposibles de financiar. Alarmantemente en este contexto representantes políticos han empezado a utilizar la retórica del procomún (cómo hemos podido ver en la reciente presentación del PECAM en Madrid por ejemplo), o a hablar de la autogestión como mecanismo para alcanzar la sostenibilidad.

La Tabacalera de Madrid o el campo de la cebada se ponen como ejemplos de proyectos sostenibles e innovadores, como modelos a seguir para instituciones que han de justificar puntualmente sus actividades, presupuestos y objetivos a la misma gente que les insta a autogestionarse. En la prensa aparecen casos de espacios o proyectos independientes que con escasos presupuestos logran tener ciertas cuotas de visibilidad. Esto contribuye a alentar cierta crítica a las instituciones de las que se espera que tomen ejemplo y sigan ofreciendo un repertorio de actividades variado y funcionando con presunta normalidad.

Bajo esta presión las instituciones se hacen temporalmente porosas y acogen dos tipos de actividades muy diferentes pero igualmente cuestionables. Por un lado vemos un crecimiento de eventos y programas financiados por marcas privadas. Elementos encajados cual pegotes en medio de una programación que en muchas ocasiones ni dialoga ni tiene que ver con la propuesta en sí. Por otro lado las instituciones acogen proyectos que no requieren de financiación pública. Estos segundos los más preocupantes facilitan que se dé una nueva realidad: la instauración de un sistema de clases en el seno mismo de las instituciones culturales. Aquellas personas o colectivos que provienen de entornos afluentes o cuentan con recursos propios pueden aprovechar los huecos en la programación para desarrollar sus actividades y elaborar sus proyectos. Personas de clases menos pudientes o afectados por la crisis que no pueden permitirse trabajar gratis se ven privados de representación institucional. Esto ha producido verdaderos esperpentos, la tragedia de lo público no ha hecho más que empezar.

Las instituciones, a diferencia de los centros sociales o espacios autogestionados, no aspiran a cierta horizontalidad o inclusividad en la toma de decisiones. Necesitan llenar una programación y aportar una cuenta de resultados en la que demuestren a la entidad u organismo del que dependen que son “sostenibles” y capaces de seguir funcionando, a pesar de no contar con presupuesto. Esta diferencia imposibilita que hablemos de procomún en este contexto y nos tengamos que plantear que lo que está teniendo lugar es un expolio de lo público. Que instituciones que hemos financiado entre todas a través del dinero de nuestros impuestos están sirviendo para que marcas puedan limpiar su imagen o que ciertos individuos puedan hacerse con el capital simbólico que éstas siguen ostentando. Bajo la guisa de la colaboración se está realizando una selección de quienes se pueden permitir trabajar sin remuneración y quienes muy a su pesar necesitan cobrar por su trabajo. Entre quienes pueden permitirse el lujo de dar su tiempo e ideas de forma gratuita y quienes no les queda más remedio que dedicarse a otra cosa. Entre los que pueden pagar por mantener su marca en activo y los que ya no pueden jugar al juego del capital simbólico y la visibilidad.

Últimamente estoy teniendo la terrible impresión de que  esta crisis está sirviendo para “poner las cosas en su sitio”. Es decir, para devolver las instituciones a quienes en su momento las detentaron. Para expulsar de las universidades a quienes temporalmente pensamos que no nos estaban vetadas. Para recordarnos que nunca tuvimos derecho a poseer una vivienda. Para restituir las jerarquías que invisibilizadas, nunca desaparecieron.  Para recordarnos que lamentablemente al final esta crisis está siendo una criba, una criba de clase.