Cuando participar no es ganar

Me preguntaba recientemente un conocido, no sin cierta sorna, porque consideraba yo que habían desaparecido o se habían malogrado muchos de los planes y proyectos de incentivo de la participación cultural, de los que tanto se hablaron tan sólo hace unos años y que habían puesto en marcha responsables de las áreas de cultura de diferentes ciudades del Estado.

Y es que a pesar de algunos casos de éxito (importante destacar el reconocimiento al proyecto de La Harinera de Zaragoza con el Eurocities Awards 2019), muchos de las consultas, planes de participación, consejos ciudadanos para la cultura o programas de apoyo a la participación, parece que se han ido quedando olvidados en cajones administrativos o entre los pliegues de programas políticos por realizar. Aunque el derecho a la participación cultural es un derecho que debería estar garantizado constitucionalmente (para una explicación más exhaustiva sobre los derechos de acceso a la cultura ver el magnífico artículo de Sergio Ramos Cebrián), parece que cada vez queda más lejos el ideal de una sociedad participada por proyectos de base comunitaria o proyectos políticamente autónomos nacidos para evidenciar la incapacidad de lo público para responder de forma generosa a su mandato de trabajar para el interés general desde una perspectiva democrática.

Partimos de la certeza de que un Estado democrático avanzado es una sociedad en la que la ciudadanía tiene un papel activo en la toma de decisiones sobre asuntos que la afectan. El Estado social, de esta forma, ha de facilitar la creación de mecanismos para escuchar y poder hacerse cargo de demandas y necesidades sociales, pese a que en muchos casos pueden resultar conflictivas o incluso antagonistas. La capacidad de negociar con la discrepancia nos dará indicadores claros del grado de democratización de una sociedad específica. Las instituciones, que deben garantizar estar al servicio de la mayoría de los ciudadanos, necesitan aprender a escuchar y trabajar con demandas nacidas a raíz de preocupaciones o malestares sociales. Es esta negociación y cooperación la que denominamos participación.

Uno de los grandes problemas que hemos visto estos últimos años es que se han multiplicado las consultas y redactado planes de políticas culturales públicas con llamamientos a la participación, pero en muy pocos de estos casos estos espacios o planes eran de carácter vinculante. Se llamaba a participar pero no había forma técnica de hacerse cargo de las expresiones del malestar ciudadano. Se escuchaba pero no había forma prevista para ver cómo una demanda, queja o necesidad, era acogida, trabajada y transformada en un cambio político o administrativo. Se invitaba a la autoorganización sin contar con mecanismos para hacerse cargo y respetar las decisiones tomadas fuera de la institución.

Se nos dibuja así una Administración a la defensiva. En ocasiones incapaz, por su rigidez, de facilitar las legítimas demandas del derecho a la participación. Y poco atenta o sensible a las condiciones materiales de los demandantes. No nos engañemos, para la ciudadanía la participación es cara, requiere de tiempo y atención, y no tardaron en salir colectivos y ciudadanos desengañados, que percibían que las consultas tenían más de performativo que de herramienta de inclusión política. Procesos de participación que no llevaban a sistemas más abiertos de deliberación o toma de decisiones, se percibieron como pantomimas de lo democrático. Nuestro primer aprendizaje fue, que si no hay cesión de poder, la participación es un simple enunciado.

Muchas de estas consultas o planes, si bien nacieron bienintencionados, se chocaron con una realidad social imprevista, apenas hay organizaciones de carácter cultural que no tengan un carácter sectorial capaces de expresar y acompañar la materialización de sus demandas. Si bien es verdad que existe ciertas organizaciones que representan los intereses de la patronal, las voces de los trabajadores/as de la cultura apenas tienen lugares de expresión. Así progresivamente, la participación pasó de buscar cómo cambiar estructuralmente el sector de la cultura, a convertirse en espacios para la opinión sobre contenidos de estructuras o instituciones ya existentes. Es una participación tímida, puesto que el cambio de contenidos no tiene correlación con la mejora institucional o estructural de un sector, la participación en este caso, era un pasatiempo caro para quienes se podían permitir no estar trabajando en sus proyectos.

Muchos ayuntamientos y organismos públicos adolecieron de la falta de preparación y formación técnica necesaria para generar y acompañar procesos participativos. Si bien es verdad que en algunos casos eso propició la entrada de empresas especializadas en mediación cultural, fueron muchos los casos que estas iniciativas se hicieron de forma bruta y temeraria. Gran parte de las demandas o necesidades ciudadanas se toparon con límites burocráticos o administrativos que no se supieron resolver. La administración, diseñada para funcionar de arriba-abajo apenas tenía mecanismos para entender y gestionar el abajo arriba. Asuntos legales, incertidumbre sobre competencias, falta de previsión o incapacidad para asignar presupuestos torpedearon o ralentizaron algunos de los procesos participativos más interesantes. La incapacidad para ver resultados o los contratiempos técnicos constantes lograron disuadir incluso a las organizaciones más fuertes de ejercer su derecho a la participación.

Por otra parte, en ocasiones la ciudadanía se encontró con responsables técnicos con muy buena formación, pero con una desconfianza absoluta en la capacidad de organización ciudadana. En otros casos, desde cultura faltó atender al bagaje de otras áreas de la propia administración con mejor tradición y preparación en este tema. Una administración acostumbrada a tutelar a las personas, estaba poco preparada mentalmente para aceptar ser guiada por necesidades impuestas desde abajo. De esta forma las demandas legítimas fueron obstaculizadas con principios legales. Con normativas que no se querían leer con generosidad. Con impedimentos técnicos. Con desconfianza y reticencias.

La tensión legalidad-legitimidad ha sido uno de los problemas políticos más importantes que se han encontrado los llamados gobiernos del cambio, y poco han podido hacer para revertir una relación de poder que claramente tendía a infantilizar y menospreciar la capacidad de organización social. Pese a que muchas personas estaban ejerciendo su derecho a participar en la vida cultural de sus ciudades, políticos poco audaces se parapetaron tras requerimientos administrativos, técnicos, legales y jurídicos, para evitar complicarse la vida gestionando el disenso cultural. Esto se podría resumir con el famoso, -Muy interesante esto que decís chavales, ¿por qué no montáis una asociación para que os podamos convocar y hablarlo?.

Es una buena noticia constatar que durante estos últimos años la noción de precariedad ha saltado de los ámbitos más activistas al mainstream cultural, en parte debido al maravilloso libro de Remedios Zafra. Lamentablemente, por mi experiencia, la precariedad se ha convertido en una muletilla que justifica conductas, pero no llama a cambiarlas. La precariedad ha servido para justificar que primaran los intereses personales sobre los comunitarios, que personas ocuparan cargos de compañeros destituidos de forma injusta, o que comportamientos poco solidarios se justifiquen debido a la precariedad económica de la persona. Así, la precariedad sirve para explicar porque en cultura hay tanto free rider, pero la consciencia de esta precariedad no ha servido hasta el momento y contando excepciones muy específicas, como estímulo para organizarse y empezar a combatirla. De igual forma, es importante notar que las instituciones que convocaban a la participación ciudadana, no siempre han tenido en cuenta la precariedad económicamente de muchos ciudadanos y ciudadanas, organizando sesiones en horarios imposibles, sin servicio de guardería, sin medidas para garantizar la asistencia de personas con diversidad funcional o psíquica, etc. Esto a la larga ha contribuido que quienes participaban se parecieran demasiado sociológicamente a quienes convocaban.

Por último y de forma más importante, no es casualidad que el nacimiento de las políticas culturales tenga que ver con la necesidad de los Estados por integrar y mitigar formas de conflictividad social. La cultura es ese bálsamo que puede calmar antagonismos y normalizar tensiones sociales. Reducir conflictos sociales y armonizar a la ciudadanía. Siguiendo esta lógica de la cultura como recurso, de nuevo, hemos visto en estos últimos años como muchos de los programas se han usado para intentar acallar o neutralizar disidencias o tensiones políticas. Repartiendo juego, dando visibilidad o realizando encargos monetarios específicos a sujetos con una marcada trayectoria crítica, la participación ha servido para apaciguar descontentos. Ha servido de herramienta política para mitigar conflictos.

Decíamos que la participación cultural es un derecho de la ciudadanía y no un mecanismo de gestión de la disidencia. Para evitar que la participación devenga un recurso al servicio de la gubernamentalidad, es importante aprender y diseñar formas para incentivar la participación incluso de quienes tensionen, cuestionen o antagonicen con las instituciones públicas. Cuando la participación sirva para negociar espacios de poder y no como un proveedor de contenidos para programas públicos, estaremos cerca de este objetivo de democratizar nuestras instituciones ejerciendo nuestros derechos.

Artículo originalmente publicado en la revista Nativa, Febrero 2020

Dona Haraway: Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial

Resumen del capítulo “Conocimientos situados”, del libro “Ciencia, cyborgs y mujeres: La reinvención de la naturaleza”, editorial Cátedra 1995